Los colegios católicos de Vancouver (Canadá) han decidido adoptar una política inclusiva para los estudiantes transgénero: se les permitirá usar los uniformes y emplear los baños que resulten conformes con su identidad de género. Igualmente, en el uso de los pronombres personales, se permitirá el empleo de aquellos con los que se sientan identificados. Una noticia que contrasta con actitudes de centros similares en España.
La decisión de los colegios católicos de la archidiócesis de Vancouver se origina a partir del caso de Tracey Wilson, una niña transgénero de 11 años que vio negada su solicitud de recibir un trato conforme al sexo con el que se identifica. Sus padres decidieron trasladarla a un centro público pero también presentaron una protesta formal. Esto ha propiciado la decisión del consejo escolar, publicada por la archidiócesis de Vancouver el pasado miércoles. En palabras del abogado de la familia, “que sepamos, es la primera vez que algo así ocurre. Desde luego es la primera vez en Norteamérica y probablemente es la primera vez en el mundo… No solo es importante para los alumnos que van a colegios católicos en Vancouver sino que servirá como referencia para otros distritos escolares católicos en todas partes“.
No obstante hay importantes matizaciones que hacer. En primer lugar, la nueva política se aplicará caso por caso. Los responsables de los centros buscan además un difícil equilibrio entre el respeto a la identidad de género de los menores y la posición católica oficial. Es por ello que se habla de la “expresión” de género de los menores, sin entrar en la identidad que la funda. Igualmente, se evitan conceptos como transgénero o transexual y se prefiere el término médico de “disforia de género” (crecientemente discutido y rechazado en el activismo trans). De esta forma, se presenta la decisión como un acomodo a la necesidad de expresión de unos menores, justificado por el bienestar de estos, sin por ello validar la identidad que la explica. Como comenta Doug Lauson, de Escuelas Católicas Independientes de la Archidiócesis de Vancouver: “Somos gente de fe católica. Nuestros colegios serán tan inclusivos como podamos a la par que seguiremos manteniendo nuestra identidad católica”.
En cualquier caso, los verdaderos protagonistas son los alumnos y alumnas trans de estos colegios. En este marco, resultan significativas las palabras de la niña que ha sido motivo de este cambio de política. Cuenta que “cuando estaba en el proceso de darme cuenta de mi diferencia, me sentía sola y no aceptada; y era muy duro… Fue horrible y no quiero que le pase a nadie más“. En la actualidad, por cierto, describe su experiencia en el colegio público donde ahora está como “increíble” y de hecho ni ella ni sus hermanos tienen deseo alguno de volver al colegio católico que abandonó.
Una contraste radical con casos similares en España
La decisión de los colegios católicos de Vancouver quizá merezca una valoración ambivalente, en tanto se limita a apreciar la existencia de una “necesidad de expresión” en el marco del discurso médico de la “disforia de género”. Sin embargo, reconoce la existencia de una realidad y permite su expresión a unos niveles inimaginables en otros lugares, como España.
Resulta imposible no compararla con lo sucedido en Málaga, donde tres colegios fueron investigados por no respetar la identidad de género de sus alumnos. Dos de ellos aceptaron cambiar sus modos de proceder pero uno de ellos, el San Patricio, persistió en la negativa. Es más, un grupo de padres declaró públicamente que la niña (a la que se referían en masculino) quería “llamar la atención”. El tono subió aún más cuando se anunció la apertura de expediente contra el colegio por parte de la Junta de Andalucía. El centro contó con el apoyo expreso del obispo, Jesús Catalá, quien hizo gala de haber intervenido ante la fiscalía para paralizar el expediente. Al margen de su influencia real, lo cierto es que las diligencias quedaron archivadas.
Pero aún hubo más, pues Catalá acusó a la Junta y los padres de la menor de “abuso”, en palabras suyas: “El colegio y la fundación defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre… le respetamos más que todos ellos“. Esto ha propiciado que la familia de la niña haya presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo.
La menor, por cierto, ha acabado trasladándose de centro y el colegio San Patricio ha visto renovado su concierto (aunque la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad en Andalucía y el nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz deberían hacer imposible su continuidad futura de persistir la actitud del colegio).