“Los hombres me hacían sentir como si viviera en un país extranjero: había aprendido el idioma pero no me sentía originaria de ese lugar”. N. es de Helsinki, Finlandia. Cuando nació le asignaron el sexo masculino pero se ve como una mujer. Su país permite a una persona transgénero obtener el reconocimiento legal del cambio de género, siempre y cuando se someta a un largo proceso que exige, entre otros requisitos, un diagnóstico psiquiátrico que le defina como “transexual”, un tratamiento hormonal con el riesgo de esterilización que conlleva, así como obtener el consentimiento de su pareja en caso de estar casado, o convertir un matrimonio eclesiástico en una unión civil.
Sólo es un documento con un nombre, pero es la clave para que sus derechos humanos sean respetados. En él se señala el sexo con el que se pretende definir a una persona como hombre o mujer. No existen más posibilidades, y lo que marque esa casilla debe coincidir con la expresión física de la persona que lo posea. Si no, puede exponerse a la discriminación, el acoso o la vulneración de sus derechos humanos.
Amnistía Internacional publicó el pasado 4 de febrero el informe ‘The state decides who I am, the lack of recognition for transgender people in Europe’ [El Estado decide quién soy; la falta de reconocimiento de las personas transgénero en Europa], en el que denuncia los obstáculos por los que tienen que pasar las personas transgénero en el continente para poder obtener el reconocimiento legal de su cambio de género. Discriminación y trato inhumano y degradante como consecuencia de invasivas intervenciones quirúrgicas, esterilización, terapia hormonal y evaluaciones psiquiátricas son algunos de los requisitos que se piden para cambiar la situación jurídica de las personas transgénero.
Países que se denominan modelos a seguir en cuestiones de derechos humanos e igualdad, como son Noruega, Dinamarca o Finlandia obligan a elegir a las personas transgénero entre uno de sus derechos humanos u otro. El documento, que se centra en siete países europeos (Francia, Bélgica y Alemania e Irlanda, además de los mencionados anteriormente), pone de relieve las estrictas condiciones impuestas a este colectivo. Por ejemplo, Finlandia exige, entre otras medidas, un diagnóstico psiquátrico que incluye una prueba de vida real (que más tarde será evaluada), en la que la persona trans debe vivir durante un mínimo de doce meses de acuerdo con la identidad de género elegida antes de poder acceder al cambio de registro.
Aunque es complicado estimar una cifra exacta, se calcula que en la Unión Europea puede haber hasta un total de 1,5 millones de personas que no se identifican plenamente con el sexo que les fue asignado al nacer. Comparado con las más de 500 millones que componen la UE, es un número minoritario, tan sólo del 0,3%. Pero sí es uno de los colectivos menos visibilizados.
Sin reconocimiento del Estado
Aunque existen prácticas discriminatorias en algunos países europeos, otros, como Irlanda, ni siquiera permiten a las personas cambiar de identidad de género. A pesar de que la Ley de Reconocimiento de Género está siendo preparada, en la actualidad no existen procedimientos que permitan a una persona transgénero indicar en sus documentos que desea cambiar el sexo que le fue asignado al nacer. Esta brecha legislativa tiene un gran impacto en la vida de estas personas, ya que el certificado de nacimiento en el que se identifica el sexo es requerido para muchos aspectos, como la matrícula escolar o el acceso a determinados servicios sociales.
El informe de AI relata la experiencia de un hombre transgénero de 18 años (nombre anónimo) que no quería abrir una cuenta de banco por no tener que entregar su pasaporte. Este joven relató también a la organización su experiencia cuando viajaba con sus compañeros de clase desde Dublín hacia España. “Un oficial me preguntó si era un pasaporte falso porque para ese entonces llevaba ya el pelo corto y la apariencia claramente de chico. Tuve que explicar que era transgénero y que en mi país no era posible cambiar mi pasaporte todavía. Aparte de mis amigos, nadie, ni siquiera los profesores, sabía que era transgénero y tuve que inventarme que el de seguridad se había confundido”.
El diagnóstico
Esben Esther Pirelli Benestad es sexóloga transgénero y una de las primeras personas en hacer pública su transexualidad en Noruega. Trabaja apoyando a personas a las que la Trans Unit (entidad encargada de “diagnosticar” la transexualidad para dar paso al cambio legal de género) ha denegado la posibilidad de acceder a la atención sanitaria específica. Ha visto el dolor en muchas de ellas. “A menudo están desesperadas. Han utilizado gran parte de su vida para tratar de ser quienes son y saben que la Trans Unit se equivoca sobre ellas”, explica. “Para obtener el cambio legal de género no sólo tienes que recibir un diagnóstico de transexualismo por profesionales que te objetivizan, sino que además existe una sola institución con ese derecho formal. La transexualidad es una experiencia subjetiva no apta para ese tipo de procedimientos. Muchas personas son rechazadas, y no pueden contar con una segunda opinión”, añade.
Jannicke es una de las personas a la que la Trans Unit noruega rechazó, incluso después de haber llevado a cabo la operación de más de diez mil euros para su reasignación de sexo en Tailandia. Las autoridades tenían que verificar que la operación llevada a cabo en el extranjero coincidía verdaderamente con las exigencias noruegas. “Me hicieron volver a la clínica en Oslo, que había rechazado ayudarme, para verificar que había sido operada, incluso aunque tenía la documentación de los doctores en Tailandia y la de mi doctor local. Te sientes agredida en esos momentos, es una violación de mis derechos humanos y es irrespetuoso”, relata esta mujer noruega que decidió empezar a vivir como tal después de 44 años, cuando se divorció de su pareja, con la que tenía tres hijos. Ahora tiene 58. “Fui hijo único, así que sentía el compromiso y la obligación de ser un hombre, de obtener una buena educación, un buen trabajo, formar una familia y saber llevar el nombre de la familia”, cuenta.
Hasta que decidió seguir adelante con el proceso y comenzar a vivir como una mujer. “Por mi trabajo en una multinacional he viajado con mi pasaporte en el que se decía que era un hombre, pero yo expresándome físicamente como mujer, por todo Europa, China, Corea, y Estados Unidos sin ningún problema. He empezado contratos de cinco o seis millones de dólares para mi empresa, como un hombre y los he acabado como mujer, con clientes que fueron respetuosos conmigo. El mayor problema que he tenido ha sido con las autoridades noruegas que no me permitían el cambio de registro”, asegura desde su casa en un pequeño pueblo noruego situado a 300 kilómetros al sur de la capital, Oslo.
Aunque Noruega ha empezado algunas batallas, como la creación de un comité multidisciplinar de expertos para la revisión de las prácticas en la obtención del reconocimiento legal de género, y la proclamación de legislación antidiscriminatoria, todavía queda mucho camino por recorrer. “Creo sinceramente que las autoridades noruegas por fin se han dado cuenta de la naturaleza de la mala praxis que han mantenido desde hace años”, explica Esben Esther Pirelli Benestad. “Sin embargo, como la mayoría de las personas, incluidas las que experimentan sentimientos transgénero emergentes, las autoridades saben poco o nada de estos fenómenos. Cuando, por ejemplo, un cliente quiere quejarse a las autoridades de un procedimiento de la Trans Unit, es transferido a la misma Unidad, con lo que se crea un círculo vicioso”, añade.
La realidad transexual en España
Al igual que ocurre con Irlanda, hasta 2007 no se reguló la identidad de género en España. Con la Ley 3/2007, de 15 de marzo, se permite obtener el cambio de registro a las personas transexuales, con tres requisitos: ser mayor de edad, llevar dos años de tratamiento hormonal y ser diagnosticado con “disforia de género” mediante un psicólogo clínico. “Es una ley que patologiza la transexualidad porque requiere diagnóstico médico, no atiende las necesidades de los menores aunque la conciencia de la identidad de género puede llegar mucho antes y, además, deja fuera a las personas inmigrantes, puesto que los NIEs no se pueden modificar, sólo el DNI”, explica Nayra Marrero, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
Para Amnistía Internacional, que resalta que en Europa se están violando los derechos humanos de las personas transgénero, cualquier requisito psiquiátrico o médico debe ser abolido.
A pesar de ello, las organizaciones reconocen que la ley española de 2007 ha supuesto un paso adelante, al que se suma el dado por comunidades autónomas como Navarra, en 2009 o, más recientemente, el País Vasco, en 2012, con normas antidiscriminatorias por motivos de género y de reconocimiento de las personas transexuales.
“En Andalucía se está promoviendo una ley que parece la más avanzada porque por un lado reconoce la libre determinación del género, es decir, no necesitas un diagnóstico; y, por otro lado, está intentando que el tratamiento y el seguimiento médico lo puedas hacer sin necesidad de tener que acudir a un hospital de referencia”, explica Marrero.
Sin embargo, existen numerosos casos de discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género en el Estado español. Y sobre todo, existe una gran falta de concienciación. “Una mujer que nació mujer, cuando pierde un pecho por alguna enfermedad, se lo puede reconstruir en la sanidad pública. Una mujer transexual, cuando no tiene pecho, también podría hacer lo mismo. Pero no hemos conseguido hacer ver a la ciudadanía que hay derechos que ya tiene una parte de la población que se niegan a las personas transexuales”, concluye la portavoz de la FELGBT.
Según la organización Transrespect versus Transphobia World Wide:
– 24 países europeos exigen la esterilización para obtener el cambio legal de género.
– En 16 países no es posible llevarlo a cabo.
– En España se requiere ser mayor de edad, llevar dos años de tratamiento hormonal y obtener un diagnóstico clínico.
– Todos los países europeos exigen un diagnóstico de salud mental para poder hacerlo.