Tres personas, a diez metros del establecimiento, blanden una barra de hierro que golpean contra el suelo con insistencia. Miran hacia el bar, se hacen notar. Parece algo más que una amenaza velada, aunque el propietario del establecimiento no quiere concederles mayor protagonismo. «Estos no son los que nos atosigan», zanja.No parece, en cualquier caso, el contexto más propicio para arrancar la jornada laboral. Los primeros rayos de sol indican que es día de terraza, y va siendo hora de colocar mesas y sillas en la plaza Urdanibia de Irun, frente al bar Eskina Mosku, un establecimiento donde el 90% de sus empleados son homosexuales y se sienten amenazados. Pese a las continuas denuncias, ya no saben muy bien qué hacer para frenar la escalada de insultos y reproches de los que son objeto.
Algún empleado ha dejado de trabajar. Otros se saben perseguidos tras acabar la jornada laboral. «Las agresiones homófobas son inaceptables, estamos hartos», denuncia sin rodeos Pablo Campo, de 32 años.
Hace tres que se hizo con las riendas del negocio. Dice estar acostumbrado a recibir insultos «desde crío». Poco menos que está curado de espanto, pero lamenta el creciente enfado que se abre paso entre sus empleados y las gentes del barrio. «Hay ciertas personas que nos están haciendo la vida imposible. No se trata de criminalizar a determinados colectivos o etnias, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando nos sentimos desprotegidos», alza la voz el joven.
Dirige sus pasos, mientras habla, hacia el primer piso de este emblemático inmueble del centro de Irun. Tras de sí, enmarcado por el ventanal, brilla la plaza, un lugar fronterizo de paso y encuentro, cercano a una mezquita, en el que siempre ha reinado una convivencia que corre «el riesgo de quebrarse por unos pocos».
Insultos, amenazas, intentos de agresión física… «Nos han llegado a tirar los vasos encima. Hay clientes a los que, fuera de sí, se les pide que abandonen el establecimiento por su comportamiento incívico y que no vuelvan más. Pues bien, a partir de ahí te tiran cuanto tienen en su mano, llamándote maricón de mierda, hijo de puta, diciéndote que te van a matar. Es gente que viene del barrio, saben que somos un grupo minoritario, y lo peor es eso. Donde debería haber unión entre grupos minoritarios está ocurriendo todo lo contrario. Lo primero que te sueltan es que somos unos putos maricones que nos estamos cargando el barrio, que contagiamos el sida. A ellas les llaman putas lesbianas. A nosotros siempre putos maricones».
Creciente tensión Protocolo policial
«No funciona» La situación se ha tensado durante los últimos tres años, desde que el joven decidió no tolerar ni una sola agresión más. El problema, añade, es que el protocolo policial «no funciona» porque además de no cesar la violencia, cada vez que interpone una denuncia se siente «muy expuesto y desprotegido».
«Nadie nos ayuda a buscar una solución. He estado reunido con el alcalde, con la delegada municipal, con el jefe analista de la Ertzaintza, con el jefe de operaciones y el de investigación… Ha llegado un momento en el que les he dicho que no puedo estar denunciando a todas horas todos los actos homófobos y de odio, porque realmente es eso de lo que se trata: odio».
Los trabajadores echan en falta una mayor labor de mediación institucional para tender puentes y reconducir una situación que juzgan de «insostenible». «Es necesario apostar por la convivencia aunque pensemos distinto. Hasta ahora, se ha intentado encauzar el tema de diferentes maneras, pero sin ningún resultado», censuran los empleados. «Las instituciones no pueden seguir ignorando el problema como han hecho hasta ahora».
El Ayuntamiento de Irun respondió ayer a la llamada de este periódico. Lourdes Larraza, delegada de la Policía Municipal, entiende que el joven se sienta expuesto cada vez que interpone una denuncia. Pero asegura que el Consistorio está actuando en la zona. «Aunque quizá no sean suficientes medidas para ellos, estamos llevando a cabo una serie de acciones desde el punto de vista arquitectónico. Estamos trabajando para crear un mayor número de espacios abiertos y amplios para evitar puntos negros. Hay una serie de acciones que hemos desplegado tanto la Policía Local como la Ertzaintza, a través de korrikas preventivas».
La delegada municipal informa de que «en breve» se instalarán en la plaza dos cámaras de vigilancia. «Todavía no están operativas porque requieren del visto bueno de la Consejería de Seguridad, que tiene previsto desplazarse la semana que viene a la zona para dar el permiso. Ha habido una intervención muy individualizada. No hemos dejado de actuar», subraya la delegada.
¿Es una solución únicamente policial? Los trabajadoras del establecimiento entienden que no, y apuestan por algún tipo de mediación. Campo confiesa que hasta le han amenazado diciéndole que le iban a quemar el bar con él dentro. «Esa gente tiene la entrada prohibida. El problema es que son tantas las amenazas que necesitas solo una persona específicamente para poner las denuncias. Somos una pequeña empresa y no podemos permitirnos estar así, y menos cuando el problema surge porque el protocolo policial no funciona. No queremos estar yendo todos los días a juicios para que se alimente más el odio. Eso no funciona. Es más necesario un trabajo social que penal», defiende.
Desde el Ayuntamiento precisan que no están cerrados a trabajar de otras maneras. Pero advierten que para que el modelo de convivencia y proximidad funcione, «tienen que trabajar otros agentes sociales más allá de la policía. «Los problemas no se pueden centralizar en la presencia policial, tienen que ser los propios agentes sociales de la zona los primeros en implicarse». Curiosamente Pablo es, admite la propia delegada, una de las personas más implicadas.